Fuente: andaluciainformacion.es/Huelva
Fecha: 25 de noviembre, 2012
Autor: Joaquín Cabanillas

La Diputación de Huelva ha aprobado, en la última Junta de Gobierno, ceder un local de su propiedad a la Asociación de Ecuatorianos 'Los Andes' para la asistencia y asesoramiento de los colectivos de inmigrantes, no sólo los de origen ecuatoriano, colaborando si ello fuese necesario con colectivos de otras nacionalidades al objeto de facilitar su integración en la sociedad onubense. En la provincia de Huelva hay actualmente entre 5.000 y 6.000 ciudadanos ecuatorianos, y la Asociación 'Los Andes' vela por los intereses y el bienestar de los ecuatorianos asentados en la provincia de Huelva.
   Según ha informado la institución provincial en un comunicado, el local está ubicado en la calle Sor Paula Alzola número 2 y la cesión del mismo se realiza por un plazo de cinco años, prorrogable anualmente hasta un máximo de 30. La Asociación de Ecuatorianos 'Los Andes' se hará cargo de los gastos de mantenimiento y conservación del local.
   De la misma manera, cabe destacar que la Asociación tiene entre sus objetivos contribuir a la integración de los colectivos de inmigrantes en la sociedad onubense, prestando un servicio de asesoramiento a los mismos y facilitando la documentación legal mediante la instalación de la 'Oficina Itinerante Consular', por el que el personal diplomático de los países de origen de los inmigrantes se desplazaría hasta estas instalaciones a fin de facilitar la documentación necesaria a sus ciudadanos, evitando desplazamientos costosos hasta las oficinas consulares respectivas.
   Desde la Diputación "se viene apoyando desde hace años a los inmigrantes que residen en la provincia de Huelva". Así, desde la puesta en marcha de la Oficina, han sido numerosos los representantes consulares de distintos países --Rumanía, Bolivia y Perú, además de Ecuador--, los que han visitado la Diputación para interesarse por la iniciativa y agradecer el servicio que prestan a sus conciudadanos. Con ello, "se quiere facilitar que la población inmigrante de diferentes nacionalidades que vive en Huelva capital y su provincia pueda llevar a cabo diversas actividades consulares contando con un espacio dedicado a este fin".
   La Oficina tiene como objetivo hacer más rápida y efectiva la vida de los inmigrantes, que en muchas ocasiones se encuentran dificultades en el proceso de integración.
   Por último explican que la iniciativa surgió tras conocer la Diputación en una reunión con asociaciones de inmigrantes, "el esfuerzo y las dificultades que supone para estos ciudadanos de otros países que viven en la provincia tener que trasladarse a ciudades como Sevilla o Madrid para realizar gestiones como la renovación del pasaporte, el carné de conducir o el certificado de penales, entre otras muchas".

Fuente: La República (Perú)
Fecha: 21 de noviembre, 2012

El Consejo Asesor de Ministros de Trabajo de la Comunidad Andina (CAN) anunció la integración del mercado laboral de los países integrantes del grupo. Asimismo, se anunció la creación de una bolsa de trabajo conjunta.
 
La CAN acordó aplicar los  reglamentos que unificarán la igualdad de trato laboral para colombianos, bolivianos, ecuatorianos y peruanos en cada uno de estos países, que en conjunto suman 100 millones de habitantes. La aplicación de esta normativa beneficiaría a un aproximado de 50 millones de ciudadanos, afirmó el Ministro de Promoción del Empleo y Trabajo (MTPE), José Villena.
 
Asimismo, se implementará la Red Andina de Oficinas de Empleo (Red Ande) para que las ofertas de trabajo de estos países sea accesible a cualquiera de sus ciudadanos adscritos a esta red de empleo.
 
Respecto al proyecto de la Ley General del Trabajo, Villena precisó que aún se encuentran elaborando el proyecto de la manera “más técnica posible con el costo y sobrecosto que ello implique”.
 
Refirió que la presentación del proyecto de ley pasa por el cumplimiento de una promesa del presidente Ollanta Humala durante su campaña electoral y por  ello hacen todos los esfuerzos para lograr presentarlo a fines del año como se planteó.

Fuente: El País (España)
Fecha: 13 de noviembre, 2012
Autora: Araceli Guede

Olga Veloso piensa ahora que en 2006 su marido y ella no deberían haber comprado un piso en Madrid. Esta ecuatoriana de 44 años cree que hubiera sido mejor invertir en su país. Ha logrado paralizar dos veces su desahucio, pero está pendiente del tercero. Los ecuatorianos son una de las comunidades de inmigrantes más perjudicadas por las hipotecas abusivas y por ello Ecuador ha prohibido que las deudas que sus ciudadanos contraigan en el extranjero puedan suponer el embargo de su patrimonio en territorio nacional. La medida tranquiliza a los afectados, pero solo en parte; algunos mantienen el escepticismo.
 
Para que una entidad financiera española pueda reclamar bienes o rentas fuera es necesario un proceso judicial muy complejo. Aún así, ha sido un argumento utilizado para intentar lograr el cobro. “Cientos de ecuatorianos comentan que cuando ya no pudieron pagar las cuotas de sus hipotecas, producto de la crisis que vive España, algunos bancos pretendían amedrentarlos con argumentos como que sus deudas serían perseguidas en Ecuador”, afirma la embajadora, Aminta Buenaño.
 
De los 480.000 ciudadanos del país latinoamericano que viven en España, es difícil saber cuántos están amenazados por un desahucio. Como dato aproximado, la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España (Conadee) estima que si hace un año había 50 en Madrid cada día, una docena afectaba a compatriotas.
 
En este colectivo inmigrante, entre los primeros y más activos en la lucha contra los desalojos, se han escuchado comentarios sobre algún posible embargo al otro lado del Atlántico. “Siempre existió la leyenda urbana, pero no hay constancia de ningún caso”, asegura Rafael Mayoral, abogado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Si bien ni esta asociación ni la embajada tienen constancia de que en Ecuador se hayan iniciado procesos por estas causas, ambas destacan que hasta que allí se aprobó la nueva legislación respecto a las hipotecas, en vigor desde el 26 de junio, los bancos podrían haberlo pretendido.
 
Hace un año cundió el pánico cuando el banco Pichincha España compró préstamos de inmigrantes a Bankia y a un fondo de inversión español. El aumento de la incertidumbre y el empeoramiento de la crisis llevaron al presidente Rafael Correa a promover el citado cambio legal. Pero hay quien ve la nueva normativa con recelo. “No me fío. Estoy decepcionada”, dice Olga Veloso, quien teme que solo sea una estrategia para captar votos. Ecuador celebrará elecciones en febrero de 2013 y el jefe del Ejecutivo optará a la reelección. “Hay más confianza, pero existen dudas acerca de lo que pasará después: si el Gobierno será reelegido, si habrá cambios en la ley, hasta qué punto estamos respaldados”, comenta Deisy Silva. Ella, como afectada y miembro de la PAH, asesora a compatriotas perjudicados.

La embajadora quiere trasmitir a sus compatriotas que “sus bienes en territorio ecuatoriano no corren riesgo”. Su embajada fue la primera en abrir un servicio de asesoría jurídica para afectados por las ejecuciones hipotecarias. Desde su puesta en marcha a finales de 2011 ha registrado 5.000 consultas.
 
La presidenta de Conadee, Aida Quinatoa, sin embargo, califica la medida de Correa de “baño de agua tibia”. La coordinadora ha entregado al bloque de izquierdas de su país un texto para que lo presente en la Asamblea Nacional bajo un título muy específico: Ley de defensa de los trabajadores y trabajadoras migrantes, contra el fraude hipotecario cometido en España. La regulación de junio queda resumida en una de las disposiciones de una ley hipotecaria general. “Nuestro proyecto es más contundente”, afirma Quinatoa.
 
Varios ecuatorianos desahuciados o a punto de serlo protestan desde hace semanas con una acampada en la madrileña plaza de Celenque, ante la sede central de Bankia. La quiteña Olga Veloso rompe a llorar cuando relata que asiste desde el primer día, pero que a veces el cansancio y la enfermedad —es diabética y hace unos días tuvo que ser ingresada— pueden con ella. En el momento en el que atiende la llamada telefónica está en su casa del barrio de Entrevías, esa de la que quieren echarla. Le gustaría regresar a su tierra, pero no puede. Su hija de 19 años llegó a España con seis y tiene su vida hecha en Madrid. Ahora está en el segundo curso de Ciencias Químicas. “Pienso en que acabe la carrera e irme”, afirma la madre. “Me iré peor de lo que vine. Lo único bueno es que mi hija sea alguien en la vida”.